Es la hora del Rey
Digan lo que digan y se pongan como se pongan la Constitución actualmente vigente en el Reino de España y que a todos obliga es la que es y no la que cada uno de nosotros quisiéramos que fuese. Obliga a todos, pero especialmente a todos los altos cargos institucionales y muy especialmente al Rey.
Y en este momento es crucial todo lo que la Constitución proclama respecto al Monarca. No sólo el artículo 99 referente a la propuesta de candidato a presidir el Gobierno de España debe ser respetado por el Rey sino que toda la Constitución le obliga. Él lo sabe porque conoce -mucho mejor que usted y que yo- cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Los conoce mejor que Alberto Núñez Feijoo y Pedro Sánchez y desde luego mejor que sus socios actuales independentistas. También especialmente en estos momentos que llega la hora de proponer otro candidato a Presidente del Gobierno. En esa decisión de Felipe VI no es suficiente sopesar sólo el posible número de apoyos sino que también se debe valorar la calidad institucional y constitucional de los mismos. Una vez propuesto ya un candidato en la persona de Núñez Feijóo, y fracasada esta investidura, la Constitución no obliga al Rey a proponer a Pedro Sánchez como candidato. Porque el artículo 99 indicado dice en su apartado 1:
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Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
Ese candidato puede incluso no ser diputado siempre que lo sugiera alguno de los grupos parlamentarios cuando sean llamados a consultas. Especialmente si lo sugiere el Partido Popular que sigue siendo el grupo mayoritario en el Congreso de los diputados. Es decir que el Rey puede proponer un candidato de consenso distinto a Feijóo y a Pedro Sánchez. Como también en una moción de censura se puede presentar a un candidato que no sea parlamentario. Así pues, se abre el abanico de posibles candidatos de consenso que a su vez respeten en su integridad el orden Constitucional. El Rey debe sopesar en estos momentos críticos esta posibilidad.
Los apartados 4 y 5 de ese artículo 99 dicen:
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma
prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera
votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso
Y el artículo 56, principal en el Título II. De la Corona, dice:
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El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
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Igual que la potestad constitucional de disolver las Cortes corresponde al Presidente del Gobierno y ni siquiera el Rey puede hacerlo, la decisión de proponer candidato a Presidente del Gobierno corresponde al Rey y a nadie más.
Además el Rey, éste que ahora tenemos desde luego, no está en una burbuja de cristal alejado de los problemas de los ciudadanos españoles y que son tantos en estos tiempos tan convulsos. No está en una especie de limbo especial adonde apenas llega información de lo que ocurre en su Reino. Más bien al contrario: está con la gente y conoce mucho mejor que usted y que yo, mejor que todos y cada uno de los diputados y senadores electos que ya han prometido sus cargos, lo que ha ocurrido realmente en España en los últimos meses:
Lo que con todo detalle ocurrió en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el posible por qué de la disolución precipitada de las Cortes, los dimes y diretes de la campaña electoral del 23 J, las verdades, medias verdades y mentiras de los principales protagonistas, los trucos y triquiñuelas de unos y otros para ganarse el favor de los ciudadanos, lo prometido y pactado de puertas adentro y lo transmitido a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y del Gobierno en funciones, los pactos posibles de los distintos actores…etc. También todo lo acontecido en la investidura del Sr, Feijóo y que ha sido tan revelador de las posiciones de unos y otros. Todo eso y mucho más lo sabe muy bien su Majestad el Rey Felipe VI.
La conciencia es el reducto último y sagrado de la libertad. Y por lo tanto el rincón personal y decisivo de la propia responsabilidad. Dejémosle tranquilo en la soledad de su conciencia. Son demasiados los que pretenden forzar su conciencia. Muchos de ellos -creyéndose equivocadamente poderosos- intentan que el Monarca no respete la Constitución y su conciencia.
Ante tantos ataques insidiosos a la Constitución vigente y después de numerosos desplantes, burlas e insultos impunes a la Corona y a España ha llegado la hora de desfacer entuertos de forma democrática y constitucional. Quizás sea la última oportunidad porque si Pedro Sánchez es propuesto candidato no habrá elecciones generales en mucho tiempo porque -digan lo que digan antes para despistar- Sumar y todos los independentistas enemigos de España -como ellos mismos dicen públicamente y en sede parlamentaria- lo apoyarán en su investidura y con posterioridad. Para cualquier observador que haya seguido con un mínimo de atención la actualidad política de estas últimas semanas esto que acabo de decir es una evidencia y lógicamente es también obvio para la Casa Real. Si no se propone otra persona de consenso es mejor que el Rey, dejando pasar el tiempo y para el bien de España, deje hablar al pueblo soberano en unas nuevas elecciones generales. Es la hora del Rey. Nobleza obliga.
José Juan Franch Menéu
Dr. en Derecho y Dr. en Economía.
Cofundador y Coordinador del Partido Político INNOVACION DEMOCRÁTICA (INNDE) que tiene por bandera la libertad de voto y como objetivo reformar la ley electoral para que también en las elecciones al Congreso de los Diputados haya listas abiertas.
