Monopolizar el poder democrático

Monopolizar el poder democrático

Las últimas décadas del siglo XX fueron  pródigas en el análisis del sistema democrático por numerosos autores que utilizaron herramientas del análisis económico. Varias líneas de análisis se fueron abriendo paso en el estudio del sistema democrático desde el ámbito económico. El redescubrimiento de la nueva economía llevó a varias líneas de desarrollo entre las que cabe citar:  la nueva interpretación de la historia del capitalismo, el nuevo análisis de los derechos de propiedad, la nueva insistencia en el mercado como proceso, la economía de la política (la elección pública), el análisis crítico de las regulaciones gubernamentales, la visión escéptica de los bienes públicos, la naturaleza y los efectos de las externalidades, la del control monetario de las fluctuaciones, la economía de la autoinversión en capital humano y el Estado limitado y el Estado mínimo. Cada uno de esos desarrollos teóricos plantea con una visión diferente pero complementaria el papel del Estado en la economía en tanto que puede colaborar o entorpecer el despliegue dinámico enriquecedor de la interacción humana en el ámbito económico.
Y, siempre, a lo largo de la historia –aunque más claramente desde el siglo XX,  cuando los instrumentos de control actualizado de la Contabilidad Nacional y, por lo tanto, de los presupuesto de gastos e ingresos del Estado se fueron perfeccionando- la piedra de toque de la intervención estatal en la economía ha sido la presión fiscal que los ciudadanos en base a unas u otras justificaciones tenían que soportar. Aunque ha habido otras formas incluso más sibilinas de financiar los abultados gastos estatales, los impuestos han sido la constante necesidad y obsesión en ocasiones de los gobernantes para poder financiar y llevar a cabo sus proyectos desde la órbita pública.
Esa tendencia ancestral a la recaudación de impuestos se tornó aún más sofisticada en el siglo XX. También en los países de la llamada órbita occidental de economía mixta. En ellos se produjo un  incremento desproporcionado que parecía irrefrenable, de los presupuestos generales de ingresos y gastos del Estado en la práctica totalidad de los países. Hayek no podía dejar de manifestarse, y lo hizo ampliamente criticando muchos aspectos pero haciendo sobre todo hincapié –junto con aquellas teorías keynesianas del teórico efecto incentivador del gasto público y del déficit en las cuentas públicas- en aquel desbocarse de la mal llamada justicia social distributiva que se concretaba en aquellas dos palabras ambiguas que fueron acogidas con gran éxito en la opinión y que acababan justificando cualquier tipo de intervención estatal: el Estado del Bienestar. La posición de Hayek era proporcionada y técnicamente impecable. La podemos resumir en los dos  siguientes párrafos: La teoría de la Hacienda Pública, en sus intentos de establecer una racionalización de la mecánica tributaria, toma en cuenta todo un conjunto de circunstancias excepto aquélla que, en una democracia, parece debiera ser la más fundamental: que el proceso conduzca a una limitación racional del volumen gastado[1]. Se olvida así lo que debería tenerse muy en cuenta: que es necesario que el proceso recaudatorio actúe en todo momento como freno del gasto total.[2]
[1]   FRIEDRICH A. HAYEK. Derecho, Legislación y Libertad. El orden político de una sociedad libre, V.III, Madrid, Unión Editorial, S.A., 1982,  p.  101.
[2]  FRIEDRICH A. HAYEK, Ibid., p.101.